Desde agosto pasado los habitantes del país están obligados a separar los residuos, según lo tipifica un nuevo reglamento.

La caja de pizza, las latas o botellas de bebidas, el envase de la leche, los restos de verduras, frutas y comida, son residuos y desechos sólidos que todos los habitantes de Guatemala están obligados a separar en orgánicos e inorgánicos, según las disposiciones del “Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes”, Acuerdo Gubernativo 164-2021.

Esta normativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) involucra a todas aquellas personas, individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que, como resultado de sus actividades, produzca residuos o desechos sólidos comunes, y deben separarlos al momento de su generación.

El reglamento está vigente desde agosto del 2021, y en estos primeros dos años de su implementación la clasificación es primaria, en el tercer año comenzarála separación secundaria (papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa y otros), la cual es obligatoria.

El reglamento es la primera normativa en Guatemala que regula, de manera integral, la separación desde el hogar, oficina, empresa o industria, la recolección, traslado, almacenamiento, tratamiento y disposición final de la basura. La elaboración del documento se hizo bajo la dirección del presidente Alejandro Giammattei, y fue coordinada por el ministro Mario Rojas Espino.

El Código Municipal y el Código de Salud establecen que las municipalidades son las responsables de velar por que se cumpla con el manejo adecuado de los desechos sólidos comunes. 

El MARN coordinará con los gobiernos locales la elaboración de planes para la gestión integral de los residuos, así como guías relacionadas con las políticas generales del Estado y con la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, y verificará que se cumplan los objetivos, regulaciones, normas y especificaciones técnicas del nuevo reglamento.

a las normas establecidas en el reglamento, así como toda infracción cometida por los entes sujetos a la reglamentación que incumplan las disposiciones, recibirá sanciones de uno hasta 40 salarios mínimos.